La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo político para la actualización de su normativa sobre contaminación del agua, con el propósito de reforzar el control de sustancias nocivas y fortalecer la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. La revisión incorpora nuevos contaminantes emergentes, entre ellos productos farmacéuticos y compuestos perfluorados (PFAS), considerados de alta persistencia en el medio ambiente.

El nuevo marco legal prevé sistemas de monitoreo más avanzados y homogéneos entre los Estados miembros, apoyados en los últimos avances científicos en materia de detección y análisis. Con ello, se busca mejorar la gestión de aguas superficiales y subterráneas, permitiendo respuestas más eficaces ante episodios de contaminación.

Sin embargo, la reforma ha suscitado críticas por parte de organizaciones ambientales, que advierten una posible flexibilización de ciertos estándares de protección. Según estos grupos, la ampliación de plazos para aplicar medidas más estrictas podría retrasar la reducción efectiva de contaminantes químicos y comprometer la calidad del agua.

La Comisión Europea defiende que el acuerdo representa un paso decisivo hacia una regulación moderna, basada en la evidencia científica y en la economía circular. Una vez aprobada por el Parlamento y el Consejo, la normativa servirá de referencia para avanzar en la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad en Europa.